2021-08-21 13:30:31

Críticas al Decreto Ley 35: "Una norma inferior no puede ir contra la Constitución, donde la libertad de expresión está contemplada, ".... "ha utilizado en la legislación una serie de conceptos amplios y ambiguos en los que reside la posibilidad de aplicar de manera selectiva y discriminatoria la ley."

Entrevista: ambigüedades y arbitrariedades del Decreto Ley 35 https://www.yucabyte.org/2021/08/19/decreto-ley-35

Juristas independientes concluyen que Decreto-Ley 35 es ilegal https://www.cibercuba.com/noticias/2021-08-21-u191143-e191143-s27061-juristas-independientes-concluyen-decreto-ley-35-ilegal

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Entrevista: ambigüedades y arbitrariedades del Decreto Ley 35

Yucabyte19 agosto, 2021
https://www.yucabyte.org/2021/08/19/decreto-ley-35 


El Decreto Ley 35/2021, publicado el pasado 17 de agosto, busca regular y limitar aún más los derechos digitales de la sociedad civil cubana, tipificando como contravenciones o delitos la expresión de los ciudadanos. Para ello, el gobierno ha utilizado en la legislación una serie de conceptos amplios y ambiguos en los que reside la posibilidad de aplicar de manera selectiva y discriminatoria la ley.

 

Sobre este tema, YucaByte conversó con dos juristas cubanas y activistas por los derechos humanos en la isla: Giselle Morfi Cruz y Laritza Diversent.

 

Llama la atención las similitudes del Decreto Ley 35/2021 con el Decreto Ley 370 de 2019. Más allá de que tengan un objetivo parecido, sus legisladores usaron una misma estrategia en la redacción.

 

Giselle Morfi: Exactamente. El Decreto Ley 35 es tan ambiguo y amplio como el Decreto Ley 370. Incluso, puede decirse que la forma de redacción de la norma es tan complicada que resulta incomprensible hasta para los juristas, que debemos estar auxiliándonos de personas que sepan de estas materias. La verborrea utilizada es impresionante. De un párrafo, son cuatro palabras las que más o menos te dan un sentido de la ley. Esto entorpece la comprensión, por tanto, va en contra de la democratización de la información. Ir contra esto último atenta contra el principio de transparencia.

 

Laritza Diversent: En términos jurídicos, este lenguaje solo favorece a la arbitrariedad en la aplicación de la norma. Se usan conceptos muy generales, y cualquier conducta de una persona en redes sociales, por ejemplo, podría ser incluida como parte de las conductas que esta legislación intenta evitar. La utilización de estos conceptos, más cuando no están definidos correctamente dentro de la propia norma, favorece el abuso de poder por parte de los operadores del derecho o instituciones que deben aplicar esta norma. Además, el ciudadano nunca estará seguro sobre cuándo incurre en una violación de estas normas.

 

O sea, que la arbitrariedad está también en el hecho de que los propios ciudadanos no entiendan de qué se trata…

 

GM: Imaginemos, por ejemplo, que yo hago una canción. Nunca sabré a dónde llegará la canción ni qué sentido le darán los receptores ni cómo la interpretarán. Eso, a mí, no me interesaría mucho. Pero con una norma jurídica, que repercute en todos, que trae consecuencias jurídicas para todos, es imprescindible que cada expresión sea comprensible y creada con un lenguaje simple y sencillo; que toda persona, independientemente de su nivel académico y su profesión, pueda llegar a comprenderla. Con el Decreto Ley 35 eso no sucede.

¿Por qué “moralidad pública”, “prestigio del país” u “honor” son términos peligrosamente ambiguos?

 

GM: Cuando se habla de moral o moralidad, se habla de un término filosófico muy cambiante, que depende de cada sociedad, de la cultura, el lugar y el tiempo. Si no te definen con lujo de detalle qué es la moralidad, pues quien esté encargado de interpretar la ley puede hacer lo que le venga en gana. Lo mismo pasa con “prestigio del país”. ¿Cuál o qué es el “prestigio del país”? ¿Qué es ir en contra de eso? Esos no son límites lógicos a la libertad de expresión, sino cosas inventadas por el gobierno, que responden a una ideología y no a la protección y garantía de los derechos humanos. ¿Guerra no convencional? ¿Dónde se define esto? ¿Quién incurre en ella, quién entra dentro de esta “guerra no convencional? ¿Quién decide cuáles son los “intereses de la ciudadanía”? ¿Acaso mi interés no puede ser diferente al de otro ciudadano? Cuando uno se hace estas preguntas y no encuentra respuestas, es porque la ley es arbitraria.

 

Y también hay que ver quiénes son los encargados de aplicar medidas e imponer sanciones…

 

LD: De manera general, es “el poder”, que se garantiza con este tipo de legislaciones un margen demasiado amplio de interpretación y aplicación de la ley. Además, aquí, como con el Decreto Ley 370, se le da demasiado poder al Ministerio del Interior (MININT) y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) para aplicar medidas respecto al uso ciudadano de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Cabe preguntarse ¿qué considera el MININT con “atentar contra la seguridad del país”? Si nos fijamos en el término “orden público”, por decir uno, vemos que se usa arbitrariamente en Cuba, algo que se evidenció con lo sucedido tras las protestas del 11 de julio. Para ellos, el desorden público es salir a protestar, por ejemplo, pero eso ni siquiera aparece descrito así en el Código Penal.

 

¿Y qué dice el derecho internacional sobre el tema?

 

GM: Los estándares jurídicos internacionales lo que establecen es que los límites deben ser concretos, deben estar especificados de manera clara en la norma. Cuando se establecen excepciones a una libertad, como la de expresión, estas deben ser limitadas y de conocimiento público. Ni cabe entonces la abstracción porque es la autoridad la que tiene que demostrar que existe un daño real cuando se ejerce determinada libertad. Si no se es claro en la legislación, se atenta contra el acceso a información, contra la participación ciudadana y contra el ejercicio de libertades como la de expresión y asociación.  

 

LD: Este Decreto Ley 35 va en contra de las bases establecidas por el derecho internacional desde el momento en que penaliza acciones que forman parte del ejercicio de derechos fundamentales, como es el derecho a protesta o a algo tan simple como la crítica en redes sociales. La crítica al gobierno no debiera ser castigada de ninguna forma. De hecho, la crítica ayuda al mejoramiento de la sociedad, pero en Cuba el Estado entiende esto como una amenaza porque, como sabemos, vivimos en una dictadura.

 

GM: También debe atenderse a que esta es una norma jurídica que está regulando sobre la justicia electrónica. Hablamos de justicia electrónica porque se está regulando a la ciberciudadanía, a la ciberparticipación y a personas electrónicas. Por tanto, no puede ser cualquier persona la designada a administrar esta justicia. Deberían ser tribunales especializados, con jueces especialistas en estos temas, que sea, además, autónomos e independientes, que pongan por encima de todo los derechos humanos y no una ideología o la protección del Estado. Esta norma, al final, se centra en proteger el totalitarismo. El Decreto Ley 35 no respeta ni siquiera el principio de igualdad. Permite la selectividad y, por tanto, la discriminación, ya que solo permite opinar a la ciudadanía dentro de los marcos establecidos por una ideología.

 

Juristas independientes concluyen que Decreto-Ley 35 es ilegal

https://www.cibercuba.com/noticias/2021-08-21-u191143-e191143-s27061-juristas-independientes-concluyen-decreto-ley-35-ilegal 

 

Los juristas independientes consideran especialmente lesivo para los intereses de un cubano procesado penalmente que el tribunal actuante pueda incluso instar a la fiscalía -aun cuando opte por desestimarla-  a mantener la acusación y agravar la conclusión y petición fiscales, sancionando por encima del marco de tiempo del delito, regulado en el Código penal.



El independiente Grupo Jurídico de Ayuda Ciudadana (GAC) sostiene que Cuba no es un estado de derecho porque su legislación omite derechos humanos, políticos y constitucionales, duda de la imparcialidad de los tribunales, y califica de ilegal el recién promulgado Decreto-ley 35.

 

Las conclusiones del GAC están recogidas en un informe publicado este sábado en La Habana, donde su presidente Edilio Hernández Herrera, analizó el deterioro de las garantías constitucionales y jurídicas en Cuba, desde 1959 hasta la fecha y atribuyó el estallido del 11J  a la criminalización de libertades fundamentales, la ausencia de garantías constitucionales, una elevada corrupción de las cúpulas del partido comunista y el complejo militar-empresarial GAESA, y al incremento de la pobreza y desigualdad.

 

Una norma inferior no puede ir contra la Constitución, donde la libertad de expresión está contemplada, subraya el GAC, tras desgranar y analizar las cinco normas gubernamentales vigentes, con la más antigua vigente desde 1996, cuyos contenidos y aplicación considera nulos por violar la Carta Magna.

 

La difusión de supuestas noticias falsas o contrarias a las normas y preferencias políticas del Estado deben estar valoradas por un juez o tribunal, facultados para sanciones penales, que impliquen prisión, pues las supuestas violaciones serían Contravenciones administrativas, sancionadas con multas, al no estar tipificadas como delitos, precisa el informe.

 

La Constitución cubana solo reconoce a la Prensa estatal, no existe una Ley de Prensa ni el reconocimiento de los medios de difusión privados e independientes. y el Estado cubano actúa contra la Libertad de expresión y prensa con cinco normas legales: 

 

Ley No.80/1996 “Reafirmación de la Dignidad y Soberanía cubana”; 


Ley No.88/1999 “Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba"; 


Decreto Ley 370/2019 “Sobre la Informatización de la sociedad en Cuba”, 
 

Decreto Ley 389/2019, que modifica el Código Penal, la Ley Contra Actos de Terrorismo y de la de Procedimiento Penal y el flamante 

Decreto Ley 35 “De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el uso del espectro radioeléctrico.

 

Democracia y justicia

 

En Cuba no hay una democracia real porque leyes y decretos-leyes, no son consultados con el pueblo, y las iniciativas ciudadanas deben ser aprobadas por dos tercios del parlamento unipartidista, sostiene el informe.

 

Los juristas independientes recuerdan la existencia de comisiones de candidaturas nacional, provincial y de Isla de la Juventud, encargadas de tutelar la elaboración de las listas para comicios unipartidistas y que la Comisión Nacional se reserva la designación directa de la mitad de los candidatos a la Asamblea Nacional, que luego son votados por los ciudadanos.

 

El GAC critica que militares activos sean diputados y la notable concentración de poder de los principales dirigentes del gobernante partido comunista, con cargos en los órganos superiores del Estado, el Gobierno y una cuota fija en la Asamblea Nacional y el uso del centralismo democrático, como fórmula predominante en la aprobación de regulaciones que afectan a la vida de todos los cubanos.

 

Cuba carece de un Tribunal Constitucional que garantice el cumplimiento de los preceptos legales y proteja los derechos ciudadanos frente al Estado, que tampoco confiere facultades constitucionales al Tribunal Supremo, frente a los que tampoco existe la figura de Defensor del Pueblo u Ombudsman, habitual en las democracias pluripartidistas.

 

El GAC critica el deterioro legislativo cubano, especialmente desde 1973, cuando se abolieron la Sala de Garantías Constitucionales y Sociales, el ejercicio de la abogacía privada y se crearon los Bufetes Colectivos estatales, como única opción para defender a los ciudadanos, y la Unión Nacional de Juristas, como representante única de los abogados y se instituyó la figura de Juez lego, un juzgador no profesional, cuya finalidad es generar quórum para amparar injusticias.



La Constitución no recoge el derecho de los ciudadanos a ser asistido por un abogado, desde el principio de su detención de un ciudadano, al que un fiscal procesa e impone prisión cautelar sin la aprobación de un juez y la asistencia de un letrado; un cubano puede permanecer semanas detenido, sin la protección de un defensor, que solo puede ser contratado, una vez que la fiscalía correspondiente concluye el expediente y examina un tribunal.

 

El GAC pone en duda la imparcialidad de los tribunales cubanos, inclinados a respaldar la posición acusatoria de la parte acusadora, ampliando las investigaciones previas y contaminando el proceso judicial, amparado en la legislación vigente que permite aportar pruebas de oficio o hacer suyas las renunciadas por las partes, bajo el argumento de la comprobación de los hechos, aumentando la pena del acusado.

 

Los juristas independientes consideran especialmente lesivo para los intereses de un cubano procesado penalmente que el tribunal actuante pueda incluso instar a la fiscalía -aun cuando opte por desestimarla-  a mantener la acusación y agravar la conclusión y petición fiscales, sancionando por encima del marco de tiempo del delito, regulado en el Código penal.

 

En sus recomendaciones, los juristas independientes sugieren al Gobierno cubano promulgar una nueva Constitución, como espacio inclusivo y justo; y/o eliminar los artículos 4 y 5 de la vigente y rescatar la prohibición de discriminación por razones políticas; la aprobación de nuevas regulaciones en la Ley de Procedimiento Penal y el Código Penal Cubano, que garanticen la democracia, el debido proceso legal y libertad de expresión.

 

El GAC recuerda al gobierno cubano las ventajas y garantías de legalizar partidos políticos y asociaciones independientes; autorizar el ejercicio privado de la abogacía; la creación de un Tribunal de garantías constitucionales y sociales; crear la figura del Defensor del pueblo; promover una división de poderes y la independencia real del Poder Judicial, eliminar la subordinación de funcionarios del ámbito de Orden Interior a jefes militares; y establecer en la Constitución y en la Ley de Procedimiento penal requerimientos y garantías legales que protejan la imparcialidad de los procesos judiciales.

 

Promulgar una Ley de Prensa, que reconozca el ejercicio privado de la comunicación y garantice la libertad de expresión, contemplada en la Constitución; adherirse a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; ratificar los pactos de derechos políticos y civiles de Naciones Unidas,  concluir Ley de Reclamaciones ante Tribunales por violaciones constitucionales, incumplida desde 2020 y pospuesta sin justificación alguna.

 

La evaluación del Grupo Jurídico de Ayuda Ciudadana ocurre en medio de la represión gubernamental contra los participantes en la rebelión del 11J y tras la aprobación del polémico Decreto-Ley 35, que ha suscitado las críticas internas y externas al gobierno cubano.


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@anarquista - 2021-08-22 01:55:56

Coño, está más q bueno el artículo éste.... ojalá postees más!


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